Sanciones a las que se enfrentan las empresas que incumplan la obligación del registro horario

Los expertos aconsejan que las compañías aprovechen el periodo de gracia de varias semanas por parte del Gobierno para adaptarse a la normativa

Los primeros días tras la entrada en vigor el pasado domingo de la obligación de registrar la jornada laboral de los trabajadores ha sumido a muchas empresas en la confusión. La falta de concreción del Real Decreto-Ley 8/2019 en este aspecto y el hecho de que el Gobierno no publicara hasta el lunes la Guía para la aplicación del control horario no han contribuido a mejorar la situación. La entrada en vigor de la nueva normativa ha cogido a muchas empresas con los deberes sin hacer y, aunque el Ministerio de Trabajo no ha empezado a multar a las empresas incumplidoras, estas se enfrentan a sanciones de hasta 6.250 euros.

Por ello, los expertos recomiendan a los empresarios que aprovechen que la Inspección de Trabajo todavía no ha empezado a imponer multas para adaptarse a la nueva normativa. El registro de jornada laboral debe contemplar la hora de inicio y la hora de finalización de la jornada de cada trabajador y, si la empresa lo requiere, también puede incluir las horas de descanso de cada uno de ellos.

Es la empresa la encargada de garantizar el cumplimiento de esta obligación y para que el proceso se haga de manera efectiva, debe establecer todos los procesos que sean necesarios para llevarlo a cabo. El registro de jornada laboral, por su parte, deberá conservarse durante cuatro años y quedar a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En este contexto, todos los trabajadores, independientemente de su categoría o grupo profesional, sector de actividad o empresa a la que pertenezcan, están sometidos al registro horario. Son una excepción aquellos casos en los que se establezcan relaciones laborales de carácter especial, como los altos directivos y también los trabajadores que cuenten con un régimen particular en materia de registro de jornada. Además, quedan exentos de la obligación de fichar profesionales como los socios trabajadores de cooperativas y los autónomos.

Lucha contra la precariedad

Según el decreto del Gobierno, la introducción del registro de jornada debe contribuir a corregir la situación de precariedad que afecta a muchos trabajadores. Una parte importante de los profesionales que deberían beneficiarse de dicho registro son trabajadores poco cualificados con salarios bajos. Según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2018, más de un 26% de las horas extraordinarias no pagadas se realizaron en comercio (15,2% del total) y hostelería (10,9% del total), sectores caracterizados sueldos comparativamente más bajos y una mayor precariedad.

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