Los administradores de fincas proponen una batería de medidas para paliar los problemas derivados de la crisis sanitaria, mientras el seguro se prepara para adaptarse a las nuevas necesidades de sus clientes.
El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha remitido al Gobierno una serie de propuestas “para garantizar la funcionalidad del conjunto de los edificios en las difíciles condiciones generales a las que todos tendremos que enfrentarnos en un futuro muy próximo” debido a las consecuencias de la crisis del Covid-19. En su misiva, la entidad resalta “la especial importancia que adquiere en las actuales circunstancias el funcionamiento adecuado de estos edificios que, en su mayoría, se destinan a vivienda y en los cuales reside en torno a un 80% de la población en nuestro país”, así como el hecho de que “se estima que el conjunto de las comunidades de propietarios gestionan unos recursos anuales equivalentes a casi un 4% del PIB (casi 40.000 millones de euros). Por ambos motivos estimamos esencial adoptar las medidas necesarias para garantizar el mejor funcionamiento posible de todos los edificios una vez finalice el actual estado de alarma”, indica.
Prórroga de un año
Entre estas medidas, destaca “diluir a lo largo de un año” los plazos que afectan de todas las obligaciones de las comunidades de propietarios, hasta el 13 de marzo de 2021. Ello afectaría a las obligaciones derivadas de todas las inspecciones técnicas que realizan las comunidades de propietarios (Inspección Técnica de Edificio, Informe de Evaluación, Inspecciones de instalaciones de ascensores, electricidad, salas de calderas…) “como forma de garantizar que tanto los técnicos como las empresas de servicios pueden realizar su trabajo con margen suficiente”. También propone prorrogar durante un año los plazos que las comunidades de propietarios disponen para celebrar juntas generales anuales y regular la posibilidad de celebrar telemáticamente las Junta Generales de las comunidades de propietarios.
“Será necesario preservar todos los aspectos sanitarios en los edificios por lo que entendemos necesario desarrollar protocolos de actuación para seguir conservando las condiciones higiénicas necesarias y evitar cualquier tipo de contagio que pueda hacer repuntar la pandemia”, indica también, sobre todo teniendo en cuenta que “existen miles de piscinas a lo largo de todo el país y es necesario adelantarse y regular como hay que gestionar este servicio el próximo verano de manera que en todos el país, a pesar de la delegaciones de competencias, se sigan las mismas normas y criterios: ¿se podrán abrir las piscinas? ¿en qué condiciones? ¿Durante qué periodo?”, se pregunta.
Ajustes fiscales
Asimismo, pide “algunos ajustes de la política fiscal. Es necesario que el IVA reducido del 10% se aplique, con carácter general, a todas las obras, suministros y servicios cuyos destinatarios sean las comunidades de propietarios. De manera especial se hace necesaria esta medida para las obras de rehabilitación que sirvan para conservar y mejorar condiciones de habitabilidad de los edificios, su accesibilidad, la mejora de su eficiencia energética… Igualmente, sería de gran ayuda, que las subvenciones del dividendo digital y las destinadas a obras de rehabilitación, supresión de barreras arquitectónicas,… no tributasen en el IRPF aliviando la carga fiscal de gran número de ciudadanos. Asimismo, tal como ya se hizo en el año 2010, sugerimos que se establezcan deducciones en el IRPF por las contribuciones a la ejecución de estas obras. Estas medidas, además de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, pueden contribuir a conservar e incluso mejorar el nivel de actividad del sector en el conjunto del país, lo que mitigaría el coste que inicialmente se pudiera prever”, opina.
El seguro responde
Desde el sector asegurador, Ramón González Aznar, director de Desarrollo de Negocio de Automóviles y Patrimoniales de Mapfre España, asegura que “los administradores son figura clave de negocio, todas las medidas que impulsen el propio desarrollo de las comunidades de vecinos será siempre positivo para el negocio asegurador”.
Javier Lorente, responsable de Patrimoniales Particulares y Coordinación de Proyectos de MGS, pone el acento en “las medidas de respuesta” que el sector ha impulsado para ayudar a las comunidades de vecinos en estos momentos de zozobra. “Para la contratación de Comunidades hemos articulado un protocolo de inspección especial para aquellos riesgos que requieren ser visitados de forma previa a su contratación, así como la moratoria en el pago de hasta tres meses con mantenimiento de las coberturas o la posibilidad de fraccionar la prima anual sin los recargos habituales”, detalla.
Begoña Díaz-Meco, directora de Área de Seguros de Particulares y Negocios de SegurCaixa Adeslas, indica en la misma línea que desde el principio de la pandemia “se han articulado fórmulas para facilitar los servicios y dar respuesta a las necesidades de las comunidades con el nivel de asistencia y calidad requerido”. A corto y medio plazo, “tendremos que adaptar nuestra estrategia a la situación que nos encontremos después de este tiempo de confinamiento”, reconoce.
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